Eficiencia energética en el sector público. Marco de actuación
6 junio, 2016
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Por Nervis Villalobos. Director Técnico y de Operaciones en Enersia Technology & Innovation.

Artículo publicado en Energética XXI 

Por su propia naturaleza, las administraciones públicas deben asumir una función ejemplarizante en muchos ámbitos de su ejercicio. Uno de ellos es el de la eficiencia energética en los edificios de los organismos públicos. Todo proyecto dirigido a racionalizar el consumo energético en el ámbito público debería ser examinado con lupa dentro y fuera del propio ente. Lo que supone una responsabilidad añadida a la hora de abordarlo, pero también una excelente oportunidad para constituirse en referente para otras organizaciones, tanto del entorno público como privado. La dimensión social de la eficiencia energética hace más que recomendable que así sea. ¿Quién mejor que las propias administraciones para normalizar una mayor racionalización y promover el cambio hacia modelos más sostenibles?

Pero los departamentos técnicos de las administraciones no siempre lo tienen fácil a la hora de implantar un nuevo sistema de eficiencia energética. Ellos, más que ninguna otra empresa, deben atender a un estricto marco de actuación, restringido, no solo por el marco jurídico, sino también por el marco competencial desarrollado a lo largo de años por esa administración. Sin perder de vista el gran escenario estratégico que apunta la Unión Europea a través de sus directivas y de Horizonte 2020. Ese marco de actuación se sitúa en el punto de encuentro de tres áreas: competencial, jurídica y estratégica. En la intersección misma de tres esferas normativas y/o orientadoras. A veces hay margen para moverse con naturalidad dentro de ese hueco, otras solo se puede avanzar a base de codazos.

Examinemos ahora los tres marcos y lo que conlleva cada uno de ellos, empezando por el más abstracto y programático: el marco estratégico. El programa de investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 tiene la vista puesta en grandes retos sociales para el futuro de Europa, como son: una energía segura, limpia y eficiente y acciones por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas. Muchas de las grandes ciudades españolas se han posicionado en línea con H2020 y han desarrollado proyectos de desarrollo, véase El Plan de Uso Sostenible de la Energía y Prevención del Cambio Climático de la ciudad de Madrid, o el Plan de Energía, Cambio Climático y Calidad del Aire de Barcelona (PECQ 2011-2020). Junto a este programa se sitúan dos directivas europeas: la D2010/31/UE (EEE) y la D2012/27/UE (EE), que trabajan en el gran objetivo de obtener un 20% de ahorro energético para el 2020. Una y otra están encaminadas a reducir la factura de las importaciones de gas y petróleo y las emisiones de CO2.

Las directrices y directivas europeas se han traducido en una serie de normas y planes a nivel estatal que conforman el marco jurídico. Algunos de estos textos no son todo lo rigurosos que hubiera deseado la UE, como el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, que provocó el consiguiente tirón de orejas de los europeos por no trasponer de forma adecuada la normativa europea. Completan el marco jurídico: el fundamental Código Técnico de la Edificación (CTE), que contempla medidas concretas en materia de eficiencia energética e integración de las energías renovables a nivel estatal, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) cuyo desarrollo y control queda principalmente bajo competencia autonómica y el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior cuya aplicación es de competencia municipal según art. 26 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Y terminamos con el marco competencial, que define el margen de actuación ejecutivo, es decir, aquel en el que cada administración tiene competencia para trabajar. Este es el más apegado a la realidad de la calle y quizás el entorno más complejo ante la potencial dispersión de documentos a tener en cuenta y la dificultad de llevar a la práctica las estrategias y obligaciones fijadas por ley. En esta última pieza de nuestro puzzle de la sostenibilidad nos encontramos con un desencuentro menor entre administraciones locales y eficiencia. Y es que el ordenamiento jurídico español no se ha manifestado de forma explícita sobre la competencia de las entidades locales en materia de eficiencia energética, por lo que no existe un patrón común. Algunos ayuntamientos, amparándose en el denominado Pacto de los Alcaldes, han intervenido activamente en eficiencia mientras que otros, los menos, se han mantenido al margen. Aplaudo desde aquí el interés creciente de las administraciones, especialmente las locales, por conseguir usos más eficientes de la energía. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma del que todos nos beneficiaremos en el futuro.

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